22-04-2013, 10:29 AM
El Decreto Supremo 006-2013-IN, en el artículo Artículo 79 yen todos sus incisos es inconstitucional:
En el Artículo 98 exige certificados que demuestren que el poseedor no registra antecedentes policiales, penales ni judiciales (todos estos tienen un costo), atenta contra el derecho que tiene toda persona de presumirse su inocencia mientras no sea declarada culpable de algún delito por algún juez. El estado tiene todas las herramientas informáticas para verificar si la declaración jurada en la cual el declarante manifiesta no tener ningún tipo de antecedentes.
Con una acción de amparo en cualquier juzgado (Lima y Provincias) podemos liberarnos de este DS.
Finalmente es el Tribunal Constitucional al que debemos recurrir para frenar estas arbitrariedades de este gobernante, quien sabe con qué propósitos expide decretos inconstitucionales.
Y en última instancia recurrir a instancias internacionales. Así mismo este D.S. viola el TLC con EE.UU. al poner trabas para la importación de armas.
- Con la legislación pasada por ejemplo si tienes 3 armas para defensa personal ( 1 en la casa, 1 en la caja fuerte, 1 en el auto) era totalmente permitido, en cambio la actual solo permite como máximo 2 armas, lo cual atenta contra el derecho a defenderte garantizado por la constitución, como sabemos los atacantes usan armas de todo calibre y no actuan solos.
- Viola flagrantemente la constitución por ser discriminatoria en cuanto solo está referida a los civiles, mas no regula a los militares y policías que como todos sabemos ellos si usan todo tipo de armas sin restricción y sin que el Perú esté en guerra con otro país.
- Atenta contra la estabilidad jurídica, no puede ser que alguien se compre un arma y algunos ignorantes en temas de armas expidan decretos que cambien de año en año o de gobierno en gobierno. Solo se ha visto este tipo de estupideces en gobiernos dictatoriales.
En el Artículo 98 exige certificados que demuestren que el poseedor no registra antecedentes policiales, penales ni judiciales (todos estos tienen un costo), atenta contra el derecho que tiene toda persona de presumirse su inocencia mientras no sea declarada culpable de algún delito por algún juez. El estado tiene todas las herramientas informáticas para verificar si la declaración jurada en la cual el declarante manifiesta no tener ningún tipo de antecedentes.
Con una acción de amparo en cualquier juzgado (Lima y Provincias) podemos liberarnos de este DS.
Finalmente es el Tribunal Constitucional al que debemos recurrir para frenar estas arbitrariedades de este gobernante, quien sabe con qué propósitos expide decretos inconstitucionales.
Y en última instancia recurrir a instancias internacionales. Así mismo este D.S. viola el TLC con EE.UU. al poner trabas para la importación de armas.
